El Tribunal de Comercio Internacional anuló los aranceles universales del 10% impuestos durante la administración de Donald Trump, al considerar que la medida carecía de justificación técnica adecuada bajo la Sección 122. Esta resolución obliga al gobierno a suspender el cobro y a tramitar reembolsos con intereses en un plazo de cinco días.

La suspensión pone en riesgo los ingresos mensuales del Tesoro, que provenían de estas tasas y alcanzaban aproximadamente 12.000 millones de dólares. Si el fallo judicial se mantiene, el monto total a devolver a los importadores podría superar los 170.000 millones, lo que afectaría profundamente las finanzas aduaneras y generaría un problema de liquidez.

Los aranceles bajo la Sección 122 han sido considerados como una medida provisional de 150 días, cuya vigencia se extiende hasta julio de 2026, cuando podría abrirse una investigación para reemplazarlos con gravámenes permanentes. Sin embargo, la reciente decisión judicial declara que la administración no cumplió con los requisitos técnicos necesarios para mantener esos aranceles vigentes.

Tras conocerse el fallo, la administración anunció que apelará rápidamente para evitar un vacío legal y mantener la recaudación activa mientras se resuelve la revisión judicial. La sentencia se emitió con un voto dividido: dos jueces demócratas votaron en contra de la medida y un juez republicano disintió, lo que anticipa debates jurídicos prolongados.

El impacto financiero de esta medida no sólo pondría en riesgo los ingresos fiscales sino también generaría incertidumbre en el comercio exterior. Aunque las tasas efectivas se redujeron a un 4,1% debido a exenciones para socios comerciales como Canadá y México, la suspensión total fuerza la paralización del cobro de aranceles y afecta a los importadores directamente.

Las autoridades del Tesoro y de comercio esperan que el fallo sea revisado por el Circuito Federal para intentar frenar la orden de suspensión, mientras analizan cómo responder a esta crisis en la recaudación aduanera. Por ello, el proceso legal podría derivar en una suspensión temporal del fallo mientras se resuelve la apelación, siguiendo un patrón similar al ocurrido durante decisiones previas.