El fondo destinado a indemnizar a las víctimas del amianto ha registrado un bajo ritmo de reconocimientos desde su inicio hace ocho meses. De un total de 323 solicitudes presentadas, apenas se han aprobado 82, lo que equivale a una cuarta parte de los casos. Este balance refleja una ejecución limitada de los recursos disponibles para las compensaciones.
En términos económicos, se han destinado poco más de cinco millones de euros en pagos, a partir de un presupuesto anual de 25 millones. Esta menor distribución presupuestaria ha generado preocupación entre los afectados y los sindicatos, que critican la lentitud y dificultad para acceder a las indemnizaciones.
El fondo nació con la intención de ofrecer una solución rápida y justa para quienes sufren enfermedades relacionadas con el amianto, una sustancia reconocida como cancerígena y prohibida en muchos países. Sin embargo, el bajo porcentaje de solicitudes aprobadas pone en duda la efectividad en su operatividad.
Esta situación implica que muchos afectados continúan esperando una respuesta favorable, mientras acumulan las consecuencias económicas y de salud derivadas de la exposición al amianto. Las organizaciones que representan a las víctimas insisten en la necesidad de agilizar los procesos administrativos para garantizar una mayor cobertura y rapidez en las indemnizaciones.
En próximos meses, se espera que se revisen los criterios y procedimientos para mejorar la ejecución del fondo, permitiendo que los recursos asignados se utilicen plenamente y que un mayor número de afectados reciba la compensación que les corresponde.