La presencia de disparos de caza en un corredor periurbano entre Salamanca y Villares de la Reina ha generado alarma entre residentes y colectivos de protección animal y ambiental. La zona afectada incluye áreas muy transitadas por familias, deportistas y niños, como parques, carriles bici y espacios deportivos cercanos a la avenida de San Agustín, la carretera de Fuentesaúco, el pabellón Würzburg y la urbanización Las Bizarricas.
Los vecinos llevan años alertando sobre esta situación, que expone un preocupante vacío de control institucional y múltiples contradicciones entre distintas administraciones responsables. Asociaciones como Adoptamiaus Protección Animal, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y Adopta una Vida han documentado un cruce de acusaciones entre los ayuntamientos involucrados, la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil, evidenciando un conflicto jurisdiccional que dificulta la gestión y supervisión de la caza en estas áreas periurbanas.
Cuando la Policía Nacional y la Policía Local intervinieron tras denuncias de los ciudadanos, hubo una respuesta inicial afirmando que los cazadores contaban con autorización del Ayuntamiento de Villares de la Reina. Sin embargo, el propio ayuntamiento aclaró luego por escrito que no tiene competencias para conceder permisos cinegéticos y derivó esa responsabilidad a la administración autonómica. La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente, justificó la actividad como un control poblacional de palomas en el coto denominado SA-10.760, solicitado por el propietario del terreno.
No obstante, la jefa del servicio competente contradijo posteriormente esa versión, indicando que las autorizaciones deberían ser solicitadas por el Ayuntamiento de Villares, lo que complica aún más el entramado administrativo. Por otro lado, la Guardia Civil, a través del SEPRONA, reconoció que la competencia para regular y controlar estas prácticas recae en la Junta y las autoridades municipales, aunque el Ayuntamiento de Villares anteriormente derivó cualquier inspección o responsabilidad al propio cuerpo armado.
Este laberinto de competencias y discrepancias entre entidades deja sin una autoridad clara la supervisión de la actividad cinegética en un entorno sensible para la comunidad local. La ausencia de un expediente administrativo definido y la falta de coordinación institucional han elevado la preocupación de los vecinos y colectivos, que exigen mayor transparencia y seguridad para evitar riesgos en espacios públicos frecuentados diariamente.