El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha convocado una manifestación para el 27 de junio en La Laguna con el objetivo de denunciar la creciente expulsión de vecinos y familias debido al aumento descontrolado del precio de la vivienda y el avance de la especulación inmobiliaria en Canarias.

Esta movilización señala a La Laguna como símbolo del impacto de la crisis habitacional en las islas, donde el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en un problema urgente para la clase trabajadora. El sindicato critica que el sistema actual prioriza la rentabilidad económica y la inversión especulativa, dejando en un segundo plano el derecho social a la vivienda.

Entre las demandas que se trasladarán durante la manifestación destacan la declaración de «zonas tensionadas» para aplicar controles en el precio de alquileres, especialmente en municipios como La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, donde la subida continúa forzando la salida de residentes.

Además, exigen una política eficaz para recuperar viviendas vacías, particularmente las que poseen grandes tenedores, mediante herramientas fiscales que incentiven su puesta en alquiler. Rechazan la llamada «bolsa de vivienda vacía» promovida por el Gobierno de Canarias, al considerar que sus incentivos voluntarios no son suficientes para frenar la especulación ni para aumentar la oferta de vivienda asequible.

Otra de las propuestas apunta a la prohibición de la compra de segundas residencias por parte de capital especulativo, incluyendo inversiones extranjeras, ya que advierten que el uso de la vivienda como activo financiero contribuye a la exclusión residencial en las islas.

Finalmente, el Sindicato de Inquilinas reclama una ampliación sostenida del parque público de vivienda, enfocándose en recuperar y movilizar inmuebles vacíos para destinarlos a alquileres accesibles o vivienda protegida con protección permanente.

Con esta convocatoria, el sindicato busca consolidar una respuesta colectiva que presione por cambios estructurales en las políticas habitacionales y que frene la especulación que afecta a miles de residentes en Tenerife y el conjunto de Canarias.