El aniversario de la agresión sexual en los Sanfermines marca un punto de reflexión sobre el tratamiento penal a las violaciones grupales en España. Aunque el caso provocó una condena histórica y reformas legales, especialistas coinciden en que la realidad judicial sigue mostrando matices complejos.

Una reforma clave fue la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘Sólo sí es sí’. Esta abandonó la distinción entre abuso y agresión sexual, equiparando todas las violencias sexuales con agresiones, y endureció las penas en casos con varios agresores, reconociendo que la víctima enfrenta mayores dificultades para defenderse y que el daño es mayor.

Sin embargo, esta misma ley tuvo como consecuencia una reducción de un año en la condena impuesta a los cinco condenados en “La Manada”, lo que generó controversias y debates sobre su impacto real. Un abogado defensor de los implicados consideró que la norma no ha modificado sustancialmente el reproche penal hacia las violaciones grupales y señaló que casos similares han ocurrido con menos repercusión mediática y judicial.

Por su parte, una abogada experta en violencia de género destacó que la ley subraya que la pasividad no puede interpretarse como consentimiento, algo clave para comprender la dinámica en agresiones múltiples, donde la víctima puede experimentar un bloqueo emocional o instintivo que la paraliza. Este cambio busca evitar interpretaciones erróneas que antes dificultaban la condena de estos delitos.

El debate también pone en evidencia que, a pesar de los avances normativos, persisten dificultades para visibilizar y sancionar las agresiones sexuales en grupo, muchas veces invisibles para la justicia y la sociedad. La atención mediática sobre el caso “La Manada” fue excepcional y, sin ella, la mayoría pasan desapercibidos, según señalaron los especialistas consultados.

Además de la reconfiguración del marco legal, la reflexión sobre estos hechos invita a analizar la necesidad de un enfoque más integral en la protección a las víctimas, que contemple no solo la penalización sino también la comprensión de su vulnerabilidad y las estrategias de defensa en un contexto de violencia grupal.