Una nueva iniciativa legislativa impulsada por el gobierno genera preocupación entre jueces y fiscales que advierten un retroceso en la independencia judicial. Según denuncian, el proyecto permitiría la incorporación de miles de jueces que no pasarían por una oposición en condiciones equitativas, lo que comprometería la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

Además, el texto aumentaría permanentemente el número de jueces de libre designación, un mecanismo que critican por fomentar la politización y el clientelismo dentro del poder judicial. Este avance se percibe como una vulneración del principio meritocrático que sustenta el ingreso y la permanencia en la carrera judicial, basado en oposiciones rigurosas y justas.

Ante esta situación, un colectivo denominado Las Mil y Una Togas, conformado por jueces y fiscales, ha convocado a una gran movilización ciudadana. El grupo busca sumar apoyos de abogados, procuradores y miembros de la sociedad civil preocupados por la deriva que puede significar esta reforma. En pocos días, la asociación logró congregar el respaldo de cerca de 2,000 profesionales del derecho dispuestos a defender la independencia judicial.

El movimiento ha difundido una carta de presentación y planea lanzar próximamente un manifiesto para ampliar las adhesiones. Los integrantes insisten en que la justicia debe conservar su autonomía y que el acceso a cargos debe mantenerse vinculados al mérito y esfuerzo, evitando nombramientos discrecionales que socaven la separación de poderes.

El colectivo llama a la ciudadanía a colaborar difundiendo este mensaje y seguir sus acciones en redes sociales, donde en breve estarán habilitadas páginas en plataformas como X e Instagram. También solicitan que los medios de comunicación se involucren contactando a los firmantes de su comunicado para visibilizar esta problemática.

Los jueces recuerdan que sus decisiones afectan directamente la libertad, patrimonio y vida familiar de miles de personas, por lo que defienden que solo profesionales que hayan superado pruebas competitivas justas deben ocupar esos puestos. Advierten que, aunque las consecuencias económicas de una posible huelga podrían ser temporales, las consecuencias morales de perder la independencia judicial serían mucho más graves y duraderas.

En síntesis, el movimiento Las Mil y Una Togas reivindica con urgencia la preservación de la justicia independiente, alertando sobre un proyecto que consideran un golpe al Estado de Derecho y a la división equilibrada de poderes.