El rápido y masivo despliegue de proyectos fotovoltaicos en España ha provocado una tensión inesperada y preocupante en la red eléctrica nacional, según informa Red Eléctrica. La empresa solicitó al Ministerio de Transición Ecológica una inversión extraordinaria de 600 millones de euros para instalar dispositivos que compensen las oscilaciones generadas por este auge descontrolado, una situación que amenaza la estabilidad y seguridad del suministro.

Desde 2019, la instalación de parques solares superó ampliamente las previsiones iniciales que sostenían las hojas de ruta oficiales para el periodo 2020-2026. Esta sobredemanda se concentró especialmente en el sur y centro peninsular, donde se duplicaron o incluso triplicaron las capacidades previstas en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esta concentración no equilibrada provocó flujos energéticos desde el sur hacia el norte mucho más intensos de lo previsto, generando inestabilidades que el operador no había anticipado.

Este fenómeno ha derivado en oscilaciones en variables clave como la frecuencia y la tensión de la red, poniendo en riesgo la integridad del sistema eléctrico y la continuidad del suministro, tal como quedó evidenciado en el apagón ocurrido en abril de 2025. La falta de sincronía entre el crecimiento de la generación solar y la demanda local ha llevado a que grandes cantidades de energía solar tengan que trasladarse a largas distancias, complicando aún más la gestión y control del sistema.

Red Eléctrica es responsable de conceder los permisos de conexión para los nuevos proyectos y junto con el Ministerio de Transición Ecológica diseñan la planificación de la red, que se revisa cada cinco años. Sin embargo, ambas entidades permitieron una expansión fotovoltaica muy superior a lo previsto, sin ajustar rápidamente los marcos regulatorios ni reducir el ritmo de nuevas conexiones, lo que ha resultado en una desviación crítica de los planes originales.

En respuesta, el Ministerio está trabajando en una nueva planificación que priorice la integración de nuevos consumidores en vez de centrarse únicamente en incrementar la potencia instalada. Esta orientación busca equilibrar la demanda con la oferta y reducir los flujos energéticos desproporcionados entre regiones, tratando de evitar que la red vuelva a enfrentar problemas de estabilidad y sobrecargas peligrosas.

  • Andalucía multiplicó su potencia fotovoltaica instalada pasando de 4.782 MW previstos a más de 10.400 MW reales.
  • Castilla-La Mancha superó los 7.500 MW frente a una previsión de 3.555 MW.
  • Extremadura alcanzó cerca de 7.700 MW frente a casi 3.900 MW estimados originalmente.

Estas cifras reflejan la magnitud del desajuste territorial en la implantación solar, uno de los principales factores que está generando las actuales dificultades para garantizar la estabilidad en la red eléctrica española.