La Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de gestionar la planta de tratamiento de residuos de Los Hornillos, que sirve al área metropolitana de València, recibirá una indemnización cercana a los 4,9 millones de euros por daños y perjuicios derivados del incumplimiento en el tratamiento de residuos durante dos ejercicios.
La decisión fue confirmada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que reconoció el derecho de la UTE a esta compensación calculada en función del canon de explotación y la diferencia entre las toneladas de residuos previstas y las efectivamente tratadas, sumando además los intereses legales correspondientes.
Esta suma será financiada por una treintena de municipios y dos mancomunidades agrupados en la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre). De ese monto total, el Ayuntamiento de València, bajo la administración de María José Catalá, asumirá la mayor parte con un aporte superior a los 2,4 millones de euros, seguido por otros municipios y mancomunidades que contribuyen según las toneladas de residuos que aportan a la planta.
El concejal delegado de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, admitió en un documento oficial la imposibilidad de aplazar este pago, lo que obligó a abrir un crédito extraordinario para afrontar la indemnización, que representa alrededor de la mitad del gasto total para el consistorio valenciano.
Esta UTE ha estado previamente involucrada en investigaciones por supuestas mordidas y corrupción vinculadas al 'caso Azud', donde se detectaron pagos ilegales al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá. Además, la Intervención General del Estado señaló irregularidades en la adjudicación inicial de la planta, cuya concesión se prolonga hasta 2030 y está actualmente en manos de Valoriza Servicios Medioambientales SA y Corporación F. Turia SA.
La planta procesa cerca de 400.000 toneladas métricas de residuos al año y, en otro proceso legal con el Emtre, logró anular una revisión de precios que supuso un ahorro de 7,4 millones de euros para la UTE.
El Tribunal rechazó la propuesta del Emtre para modificar la fórmula de cálculo de la indemnización y ratificó la obligación de pago a la UTE. La ejecución forzosa de la sentencia fue notificada a principios de abril, y en la asamblea del Emtre celebrada en mayo se definieron los criterios para repartir el pago entre los miembros según su aportación de residuos.