Casi un millón 400 mil estudiantes de educación básica en México permanecen sin clases debido al paro indefinido iniciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde comienzos de junio. Esta suspensión mantiene en riesgo el cierre normal del ciclo escolar 2025-2026 a menos de un mes de su término.
Los estados con mayor número de planteles afectados son Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán. Oaxaca lidera el listado con más de 10 mil escuelas cerradas, equivalentes a más del 80% de sus instituciones públicas, mientras que Chiapas y Zacatecas reportan más de dos mil escuelas inactivas cada uno. En conjunto, el paro impacta cerca del 8.5% de las escuelas públicas a nivel nacional, lo que representa un reto considerable para la continuidad educativa.
La Secretaría de Educación Pública informó que más de 88 mil docentes participan en las movilizaciones que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE y la reforma educativa vigente. Ante la falta de avances en el diálogo, los líderes magisteriales han advertido que intensificarán sus acciones.
Esta paralización no solo representa un conflicto laboral, sino un problema que involucra directamente el derecho a la educación, advirtió un especialista del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Subrayó también que ni el gobierno ni la CNTE han planteado un plan para recuperar el tiempo perdido ni para mitigar el impacto pedagógico generado por varias semanas de ausencia en las aulas.
En términos económicos, durante los primeros diez días de paro se dejaron de utilizar recursos equivalentes a más de 580 millones de pesos en pago de nómina, superando así el presupuesto destinado por el gobierno federal para la formación continua docente.
La situación plantea dudas sobre la estrategia que el gobierno implementará para garantizar la conclusión del ciclo escolar y atender las necesidades educativas de los estudiantes afectados, sobre todo en las entidades con mayor presencia del magisterio disidente.