El grupo de danzoneros que se reúne desde hace más de 20 años en el Jardín Principal de Celaya fue detenido en su actividad tras el retiro del equipo de sonido por parte de inspectores de la Dirección de Fiscalización. Esta acción se fundamentó en que el uso de sonideros no está contemplado en el Reglamento de Justicia Cívica del municipio, según explicó el titular de la dependencia, Eduardo Griss Kauffman.

A pesar de que el sonidero mostró un oficio firmado por el síndico municipal, que autorizaba la realización gratuita y sin fines de lucro de los bailes los jueves y domingos, las autoridades locales insistieron en la prohibición vigente. Este permiso temporal, fechado en mayo, reconocía la actividad estrictamente para la promoción del danzón y especificaba condiciones como el uso exclusivo de equipo propio de sonido, sin conexión a la red eléctrica municipal, y límites de horarios por la tarde y noche.

El conflicto derivó en una multa y protestas por parte de Carlos Reyes Garduño, representante del grupo, quien argumentó que la administración actual ha endurecido las medidas contra una tradición local que hasta entonces no había sido obstaculizada. Por otro lado, la Dirección de Fiscalización argumentó que la prohibición se refuerza debido a la práctica detectada de recibir dinero por presentaciones, llegando hasta 4 mil pesos diarios, lo cual viola el reglamento vigente al catalogar el evento como una actividad comercial no autorizada.

La dependencia anunció que continuará retirando a los sonideros que no cuenten con permisos o justificantes legales, en cumplimiento con el reglamento y siguiendo instrucciones del presidente municipal para actuar con cordialidad pero firmeza. Además, se anunció un reforzamiento en la vigilancia del comercio ambulante en la zona, con el objetivo de regular estas actividades dentro del marco normativo y evitar molestias a los vecinos y visitantes del Jardín Principal.

El oficio entregado por el síndico Francisco Torres Álvarez precisaba que la autorización para los danzoneros es de carácter temporal y no constituye derecho de uso o concesión alguno del espacio público. También se advertía la posibilidad de modificar, suspender o revocar el permiso en cualquier momento, sin que ello derive en una indemnización para los beneficiarios, lo que confirma la posición de las autoridades ante cualquier incumplimiento o infracción.