El Congreso de los Diputados aprobó recientemente un endurecimiento en las penas contra las terapias de conversión, prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. La medida responde a la condena creciente desde organismos internacionales que consideran estas terapias no solo ineficaces, sino también una forma de tortura y violación de derechos humanos.
Estas terapias, aunque oficialmente prohibidas desde la aprobación de la Ley Trans en 2023, persistían en distintos ámbitos de manera oculta. El endurecimiento legal busca tanto aumentar la sanción para quienes las practiquen como erradicar su presencia en la sociedad. Se reconoce que impactan negativamente la integridad física y psicológica de las personas afectadas, especialmente en comunidades LGTBI.
El escritor y docente Nel Martí, especializado en la historia de la represión a personas homosexuales en las Islas Baleares, resalta que la persecución ha tenido un largo recorrido, desde las leyes represivas franquistas hasta la eliminación de la homosexualidad en la lista de enfermedades por la OMS en los años noventa. Martí pone en contexto esta reciente ley dentro de un proceso histórico de reconocimiento y protección de estos derechos.
Uno de los casos emblemáticos en Baleares es el del escritor eivissenc Antoni Roig, quien fue sometido a terapias de conversión. Sin embargo, según Martí, muchos otros casos aún permanecen ocultos, lo que obliga a mantener una vigilancia estricta para garantizar el cumplimiento de la ley.
La prohibición de estas prácticas cuenta con un respaldo internacional creciente. En 2020, la ONU calificó las terapias de conversión como una forma de tortura. La nueva ley española busca alinearse con estas recomendaciones, protegiendo la dignidad y los derechos de las personas frente a estos métodos que son considerados inaceptables desde el punto de vista democrático y ético.