Los contribuyentes que no hayan presentado la declaración del IRPF tras el cierre del plazo el 30 de junio entran en un periodo de recargos que aumentan progresivamente, ya que cada mes de retraso genera un castigo económico mayor. La Agencia Tributaria establece un recargo inicial del 1% por cada mes completo de demora si la declaración se presenta de forma voluntaria pero tardía, hasta un máximo del 15% pasados doce meses.

Este sistema busca incentivar que los contribuyentes regularicen su situación cuanto antes. Aunque el recargo mensual es gradual y relativamente bajo al inicio (por cada 300 euros de deuda, se suman alrededor de 3 euros por mes), la tasa se vuelve fija al 15% después del primer año, y desde ese momento también se generan intereses de demora que aumentan el coste total.

Sin embargo, el mayor riesgo para quienes no actúan es que Hacienda detecte la omisión y envíe un requerimiento formal. En ese caso, los recargos se multiplican, sumando un 20% adicional sobre la deuda y pudiendo llegar a medidas de apremio, como el embargo de bienes y cuentas. Por eso, siempre resulta más económico presentar la declaración fuera de plazo antes de ser notificado por la Administración.

Para saber si se está obligado a declarar en esta campaña 2025-2026, la Agencia Tributaria establece umbrales específicos. Están sujetos a obligación quienes reciban rentas del trabajo por encima de 22.000 euros de un solo pagador o 15.876 euros si hay dos o más pagadores y el segundo aporta más de 1.500 euros. También deben declarar quienes hayan percibido rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales superiores a 1.600 euros anuales o ingresos de actividades económicas mayores a 1.000 euros.

La Agencia Tributaria cruza información fiscal para detectar posibles omisiones, incluso sin necesidad de emitir un requerimiento previo. Por eso, revisar los límites y cumplir con la presentación evita recargos y sanciones más graves.

En resumen, posponer la declaración de la Renta puede salir caro, y la mejor estrategia para quienes aún no han presentado es actuar cuanto antes para minimizar los recargos y evitar procedimientos sancionatorios.