El incremento continuo en las notas de corte para acceder a carreras universitarias en España responde a una oferta insuficiente de plazas en las universidades públicas, según explicó la ministra de Universidades, Diana Morant. La creciente demanda estudiantil no encuentra un respaldo proporcional en la expansión de la educación pública, lo que genera una presión adicional que beneficia a las instituciones privadas.

En un contexto donde el número de universitarios se ha más que duplicado desde 1980, superando los 1,8 millones en 2026, la matrícula en las universidades públicas ha crecido mínimamente en comparación con las privadas. Entre 2008 y 2023, las plazas públicas apenas aumentaron un 2%, mientras que las privadas experimentaron un crecimiento del 100%.

La creación de nuevas universidades también evidencia una evolución dispar: en el último cuarto de siglo no se ha fundado ningún centro público, mientras que más de treinta universidades privadas han surgido, muchas en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Esta realidad agrava la competencia en carreras especialmente cotizadas como Medicina, Enfermería o Psicología, donde las notas de corte pueden superar el 12 sobre 14, dejando fuera a quienes no pueden afrontar el elevado costo de una universidad privada, que puede oscilar entre 12.000 y 15.000 euros anuales.

La ministra reconoció que el sistema ha impulsado un proceso de privatización disfrazado de exigencia académica, ya que la falta de plazas públicas obliga a miles de estudiantes y sus familias a elegir entre endeudarse, abandonar temporalmente sus estudios o desplazarse a otras comunidades con mayor disponibilidad.

Respecto a las propuestas para frenar esta tendencia, el Ministerio de Universidades ha endurecido los criterios de calidad para abrir nuevos campus, aunque todavía no se ha evaluado ningún proyecto bajo estas nuevas normas. De las trece universidades con informes negativos, seis ya fueron creadas en territorios con gobiernos del Partido Popular, lo que pone en evidencia la influencia del mapa político en la expansión privada.

De cara a la convocatoria de Selectividad en 2027, la ministra advirtió que no habrá cambios sustanciales en la creación de plazas, ya que la competencia para gestionar los campus universitarios reside en las comunidades autónomas. Aunque el gobierno central ha aumentado la inversión en ciencia y universidades y plantea un presupuesto millonario para estos fines, no dispone de instrumentos directos para obligar a las autonomías a ampliar la educación pública.

Una de las respuestas del ejecutivo central ha sido acelerar el trámite de homologación de títulos, una solución que resulta insuficiente para aliviar la presión que enfrentan los aspirantes actuales y futuros.