El consejo de administración de Tubos Reunidos autorizó en 2024 la contratación de Vicente Fernández, identificado como cabeza de una trama vinculada a intereses políticos, para gestionar una reducción en los intereses de un préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Esta decisión sorprendió por la conexión directa de Fernández con actores políticos y el antecedente de controversias relacionadas.

La compañía, rescatada en 2021 con un crédito público cercano a los 113 millones de euros, buscaba aliviar su carga financiera a través de esta contratación, que implicaba el pago de una prima del 2 % sobre el beneficio obtenido en la renegociación. El contrato había sido presentado inicialmente por el entonces consejero delegado, Carlos de las Heras, quien consideró que dicho intermediario ya había desempeñado un papel crucial, junto con el expresidente Francisco Irazusta, para lograr el rescate del grupo industrial.

Tras la propuesta, Tubos Reunidos solicitó un informe jurídico al despacho Cuatrecasas. En el dictamen, se afirmó que el contrato era «correcto y ajustado a derecho» para proteger los intereses de la empresa frente a Sepi y mejorar las condiciones del préstamo participativo. Esta validación facilitó la aprobación en el consejo, donde, según fuentes cercanas, solo algunos miembros tenían conocimiento de la relación de Fernández con la trama política liderada por Santos Cerdán y vinculada al PNV.

El caso también expone deficiencias en los mecanismos de cumplimiento normativo dentro de Tubos Reunidos, una empresa cotizada sometida a supervisión pública. En 2021, Irazusta firmó contratos por servicios de «búsqueda de oportunidades de negocio» con facturas anuales que sumaban 115.000 euros, sin pasar por la aprobación del consejo. Posteriormente, el encargo para 2024 incluía una comisión millonaria condicionada al éxito en la reducción de la deuda.

Entre los consejeros que respaldaron la operación se encontraba Enrique Migoya, representante del BBVA en el consejo, entidad que mantiene una participación minoritaria en la firma desde hace años. La controversia radica en que el grueso del consejo desconocía las conexiones políticas del comisionista, pero decidieron aceptar el contrato tras el parecer legal favorable.