El Ejecutivo aprobó un ambicioso anteproyecto de Ley de Integridad Pública que introduce más de 80 medidas orientadas a combatir la corrupción política y económica en las administraciones públicas. Esta iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, pretende cubrir todo el ciclo de la corrupción con reformas legales y la creación de nuevos organismos de control.
Entre las novedades destacan la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que incorporará una oficina para gestionar conflictos de intereses, una autoridad independiente dedicada a la protección de denunciantes y un servicio para coordinar las oficinas antifraude. Además, se plantea la elaboración de una ‘lista negra’ de empresas involucradas en prácticas corruptas y un mayor control sobre las donaciones a partidos políticos que superen los 2.500 euros.
En cuanto a la legislación penal, el proyecto eleva tanto las penas de inhabilitación para contratar con la administración como los plazos de prescripción para delitos relacionados con la corrupción. También se propone mejorar la transparencia en la contratación pública al publicar un registro actualizado de empresas excluidas de licitaciones por razones éticas o legales.
En materia societaria, la reforma exige que la transmisión de participaciones sociales se realice mediante un documento privado con firma electrónica y que quede registrada en el Registro Mercantil, eliminando así la tradicional obligación de hacerlo ante notario. Este punto ha generado críticas por parte del Consejo Fiscal y del Consejo General del Notariado, quienes alertan sobre los riesgos que implica eliminar la certificación pública en estas operaciones.
La norma modifica 18 leyes, entre ellas seis orgánicas, y refuerza el Código Penal para aumentar la efectividad de las sanciones ante la corrupción. La iniciativa se encuentra actualmente a la espera de informes consultivos adicionales, pese a que la Fiscalía ya entregó su dictamen preliminar que advierte sobre ciertos aspectos del proyecto, en particular aquellos relacionados con la posible afectación de los mecanismos contra el blanqueo de capitales.