El juez Santiago Pedraz, encargado de la investigación sobre Leire Díez en la Audiencia Nacional, solicitó a la Agencia Tributaria que rastree las cuentas de Andalukadi SL, empresa en la que Díez figura como única socia y representante. La medida busca esclarecer el origen y destino de los fondos que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría comprometido para abonar a Díez por sus servicios.

Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la primera referencia a estos pagos aparece en una conversación registrada en mayo de 2024 entre Díez y Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y también imputado en la causa. En este diálogo, Díez plantea que el dinero podría ingresarse a través de Andalukadi SL, aunque Fernández cuestiona si el objeto social de la empresa es adecuado para recibir esos fondos.

En la conversación, Díez indicó que el concepto debía ser «consultoría» para justificar las transferencias, pues no consideraba conveniente que los pagos llegaran al despacho del exconsejero Gaspar Zarrías. Vicente Fernández sugirió una alternativa con otra sociedad, Allies & Altera SL, cuyo administrador único es el propio Fernández, pero Díez descartó esta opción alegando que no compartía sociedad con él.

Este intercambio tuvo lugar días después del anuncio público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible retirada temporal, momento que marca el inicio de la denominada trama de acoso a jueces, fiscales y agentes de la UCO, según explica el juez Pedraz.

Además, la Guardia Civil relaciona a Andalukadi SL con el periódico digital Crónica Libre, que habría recibido un pago de aproximadamente 20.000 euros del PSOE vía Santos Cerdán, supuesto origen de otros movimientos sospechosos de financiamiento irregular.

La investigación se centra en aclarar la estructura societaria y la operativa financiera de estas empresas vinculadas a los implicados, para determinar si se usaron como vehículos para desviar fondos públicos o realizar pagos no justificados.