La recuperación y gestión estatal de las autopistas radiales, diseñadas para descongestionar el tráfico alrededor de Madrid, ha supuesto ya un desembolso público cercano a los 1.281 millones de euros entre 2014 y 2025, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este dato refleja el impacto fiscal de la quiebra de varias vías concesionadas durante la crisis financiera de 2008.

Estas autopistas, que incluyen las radiales 2, 3, 4, 5 y varias secciones de la AP-41, AP-36 y AP-7, dejaron de ser rentables debido a la caída de usuarios y sobrecostos derivados de modificaciones legales en las expropiaciones. Como consecuencia, sus sociedades concesionarias quebraron antes de que vencieran los contratos. El Estado retomó la titularidad y ahora administra estas infraestructuras a través de la Sociedad Estatal de Transporte Terrestre (Seitt).

El coste derivado para el Estado se conoce como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) y corresponde a la obligación de indemnizar a las compañías por la finalización anticipada de sus concesiones. Aunque inicialmente se estimó que la cifra superaría ligeramente los mil millones, informes posteriores elevaron esa previsión hasta cerca de 2.000 millones, y revisiones técnicas posteriores la situaron por encima de los 3.000 millones. Sin embargo, las sentencias recientes del Tribunal Supremo han cuestionado los métodos empleados para calcular estas compensaciones, afectando el monto final y su impacto en el déficit público.

Los fondos de inversión que adquirieron la deuda de estas autopistas a la banca cifraron el valor por encima de los 4.500 millones de euros, cifra muy alejada de las estimaciones iniciales del Estado. Las fallas judiciales en las fórmulas y cálculos para determinar la RPA provocaron un incremento de la carga financiera estatal, reflejado en la actualización de los costes comunicada a la Comisión Europea.

En una de las sentencias más recientes, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo anuló una resolución destacada del Gobierno relacionada con las autopistas R-3 y R-5, dejando sin validez el cálculo de indemnización aplicado y evidenciando las dificultades para cerrar esta contabilidad.

Este proceso demuestra las complejidades que enfrentan las administraciones públicas para gestionar activos concesionados que terminan siendo inviables y exige un ajuste constante de sus gastos asociados a obligaciones legales y financieras.