El Gobierno español comienza el proceso para adaptar la nueva Directiva Europea de Viajes Combinados, un reglamento que impactará aspectos clave como reembolsos, reclamaciones, insolvencia y responsabilidades dentro del sector turístico. Actualmente, el Ministerio de Consumo mantiene una consulta pública abierta hasta finales de julio para recopilar opiniones de empresas, organizaciones y actores involucrados.
Esta consulta busca identificar los problemas que la futura legislación debe resolver, así como evaluar objetivos y alternativas normativas para adecuar la directiva a las particularidades del mercado nacional. Aunque la norma europea delimita el margen de maniobra de los Estados, la fase permite posicionar las prioridades del sector antes de que se redacte un anteproyecto con articulado concreto.
Las asociaciones UNAV y FETAVE, que se encuentran en proceso de integración, han destacado la importancia de que la nueva regulación contemple la realidad de las agencias de viajes, en su mayoría formadas por pymes y microempresas. Entre sus demandas sobresalen la seguridad jurídica para la aplicación de la ley, un tratamiento claro de las circunstancias extraordinarias que afectan al sector, y la consideración del impacto económico y financiero que soportan estas agencias, especialmente en periodos de crisis.
Por otro lado, CEAV ha enfocado sus aportaciones en los aspectos donde los Estados pueden legislar con flexibilidad, con especial énfasis en los plazos para la gestión de reclamaciones. La Directiva señala un máximo de siete días para acusar recibo y sesenta días naturales para ofrecer una respuesta razonada. CEAV aboga por mantener estos plazos en España, argumentando que reducirlos podría afectar la calidad de la atención y la capacidad de gestión de las agencias.
El Ministerio anticipa que tras esta primera fase de consulta pública se abrirá un nuevo trámite para presentar observaciones técnicas y jurídicas una vez elaborado el anteproyecto, momento en que se definirán más claramente las obligaciones y derechos de los operadores turísticos. El proceso es clave para evitar cargas regulatorias adicionales y garantizar que la directiva se ajuste al tejido empresarial español.