El área que ocupaban los antiguos terrenos de CLH en Guixar se prepara para una transformación urbana que creará un nuevo barrio residencial. El proyecto contempla la construcción de alrededor de 600 viviendas, de las cuales cerca de 450 serán protegidas y destinadas al alquiler. Estas residencias se distribuirán en 13 bloques, con alturas que oscilan entre cuatro y doce pisos, buscando integrar a unos 1.500 habitantes en un entorno renovado.

Esta propuesta, promovida por Zona Franca, reemplaza un plan anterior que había contemplado la construcción de torres emblemáticas de 25 pisos como parte de una fachada atlántica. En contraste con aquella versión, el diseño actual prioriza una escala más humana y un impacto visual moderado, limitando la altura máxima de los edificios a entre 14 y 16 plantas, aunque es poco probable que se aprueben construcciones superiores a las 16 plantas conforme a las normas vigentes del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

El proyecto abarcará una superficie total superior a 62.000 metros cuadrados que incluye los antiguos terrenos de Campsa, propiedades privadas y zonas con valor ambiental como el conocido “bosque” de Jesuitas, que será preservado y convertido en un parque público. Se contemplan cerca de 14.400 metros cuadrados de áreas verdes junto a casi 4.000 metros cuadrados de otros espacios libres. Además, se planifican calles peatonales y 778 plazas de aparcamiento para favorecer la movilidad cómoda y sostenible en el barrio.

El proceso de aprobación de este plan urbano se anticipa complejo y llevará varios años, estimándose alrededor de tres para obtener los permisos de urbanización necesarios. Tras esto, podría iniciarse la ejecución de las obras. El desarrollo corresponde principalmente a la iniciativa pública, con Zona Franca como principal titular de terrenos y el Concello con una participación cercana al 20%. El consorcio se ha comprometido también a comprar las fincas privadas que atraviesan la zona.

Este planteamiento representa un cambio significativo respecto al plan fallido previo, que exigía la demolición de unas 250 viviendas en el entorno de Vulcano y un costo estimado de 300 millones de euros. El nuevo esquema pretende equilibrar la densidad residencial con la calidad del espacio público y la infraestructura necesaria para la convivencia.

A diferencia de las torres proyectadas hace más de una década, cuyo techo se situaría por encima de los 90 metros, el modelo actual mantiene que las alturas máximas no superen la de edificios históricos como la isla de Toralla, cuyas 21 plantas y 82 metros siguen siendo el techo visible de Vigo desde los años sesenta.