Reus se ha convertido en un referente en la gestión pública de servicios funerarios con la puesta en marcha de FuneCamp, una funeraria metropolitana que agrupa varios municipios del Camp de Tarragona para ofrecer un servicio público en un sector dominado por empresas privadas. Este modelo busca ampliar la oferta y facilitar a los ciudadanos una opción más económica y transparente en un mercado donde la mayoría de los servicios funerarios son privados.
FuneCamp agrupa a las localidades de Reus, Constantí, Salou y Vila-seca, y ya está en funcionamiento desde hace un año. La iniciativa pretende extenderse a otros municipios interesados, como Alcover y Castellvell, que podrían sumarse próximamente. La creación de esta funeraria pública ha provocado resistencia por parte de las grandes empresas privadas, que han presentado recursos legales alegando competencia desleal. Sin embargo, el proyecto se defiende como una herramienta necesaria para garantizar la pluralidad y el derecho a elegir entre servicios públicos y privados.
Según explican desde la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales (AFCM), que agrupa a más de cincuenta ciudades y entidades, la presencia de funerarias públicas es muy reducida en Cataluña —solo existen dos—, aunque la mayoría de los cementerios son públicos por ley. Esta diferencia se debe a que los ayuntamientos están obligados a gestionar los cementerios, pero no los servicios funerarios, lo que abre la puerta a la predominancia de empresas privadas en este mercado.
Desde FuneCamp sostienen que la oferta pública impacta positivamente en el sector, animando a las empresas privadas a ajustar sus precios. Los servicios funerarios públicos pueden ofrecer tarifas aproximadamente un 30% más económicas que las del sector privado, una ventaja significativa para los ciudadanos. Montserrat Flores, regidora de Reus y consejera delegada de FuneCamp, insiste en la importancia de ofrecer esta alternativa para que la ciudadanía pueda escoger con tranquilidad y se fomente la competitividad.
La creación de FuneCamp fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras la presentación de recursos por parte de empresas privadas, lo que dejó sin efecto los acuerdos plenarios de los municipios involucrados. No obstante, los responsables de la funeraria pública han anunciado que recurrirán esta sentencia para mantener y ampliar esta iniciativa que consideran fundamental para diversificar el mercado funerario.
La experiencia de Reus expone el desafío que supone para la gestión pública incursionar en un sector tradicionalmente privado y abre un debate sobre la regulación y el derecho de los municipios a ofrecer servicios funerarios como garantía de calidad, transparencia y precios justos para la población.