La Audiencia Nacional impuso una pena de cuatro años de prisión a un hombre de origen argelino acusado de promover y financiar el terrorismo vinculado al Estado Islámico (DAESH). El sujeto fue detenido en La Rinconada en diciembre de 2023 y reconoció su implicación en la difusión de propaganda extremista mediante diversas plataformas digitales.
Durante el juicio, que se celebró en mayo de 2026, el acusado aceptó los cargos y se le aplicaron atenuantes por su confesión y las dilaciones indebidas en el proceso. Su actividad terrorista se extendió principalmente entre 2022 y 2023, periodo en el que gestionó múltiples cuentas simultáneas en Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp y Telegram para difundir contenido yihadista.
La investigación identificó que el hombre integró 24 grupos de WhatsApp con enlaces directos al DAESH, llegando a compartir material con más de 25.000 contactos repartidos en más de 50 países. Además, realizó catorce transferencias por un total de 2.555 euros hacia ciudades cercanas a la frontera sirio-turca, como Gaziantep, Hatay y Sanliurfa, presuntamente para apoyar a la organización terrorista.
En el registro de su vivienda en San José de la Rinconada, los agentes incautaron manuales doctrinales impresos del DAESH y 54 octavillas que solicitaban donaciones para supuestas viudas y huérfanos en campos sirios. Estas pruebas reforzaron la acusación de adoctrinamiento y apoyo económico.
Las autoridades comenzaron a investigarlo tras detectar que difundía un enlace a un canal de WhatsApp llamado "El Camino del Joven es la Ciencia", con cientos de participantes vinculados al yihadismo. Su radicalización rápida quedó evidenciada por el incremento en la cantidad y diversidad de perfiles que utilizaba para evitar los bloqueos de las plataformas.
Los investigadores atribuyen directamente al condenado más de 200 publicaciones con videos de ejecuciones, material oficial del DAESH, y otros contenidos violentos que editaba para eludir sistemas automáticos de detección, usando emoticonos y expresiones de apoyo.
Junto a la prisión, la sentencia incluye una libertad vigilada durante cinco años por cada uno de los delitos y el decomiso de los efectos incautados durante la detención.