La llegada de seis activistas vascos de la Flotilla Global Sumud al aeropuerto de Bilbao derivó en enfrentamientos con la policía autonómica y la detención de cuatro personas. Los arrestos fueron realizados por la Ertzaintza, que imputó a los detenidos cargos de desobediencia grave, resistencia y atentado contra la autoridad.

El grupo arribó desde Ankara un día después de lo previsto debido a que dos activistas tuvieron que ser hospitalizados por lesiones sufridas durante la interceptación de la embarcación humana con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes. La delegación Global Sumud Euskal Herria denunció “lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro”.

Ante las imágenes difundidas sobre las cargas policiales con porras en la terminal del aeropuerto, Asuntos Internos de la Ertzaintza abrió una investigación para evaluar si se respetaron los protocolos oficiales durante la actuación. Mientras tanto, en paralelo, la llegada de más de veinte activistas de la flotilla en el aeropuerto de Barcelona transcurrió sin incidentes y fueron recibidos por unas doscientas personas, entre ellas representantes políticos.

La portavoz catalana Ariadna Masmitjà calificó la interceptación de la embarcación como un secuestro seguido de agresiones brutales contra los tripulantes. Los activistas aprovecharon la llegada para exigir al Gobierno español y a la Unión Europea que suspendan relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel.

Entre los activistas que llegaron a Barcelona se encontraban la exalcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, y otros miembros que denunciaron malos tratos y agresiones durante su detención. A raíz de estas denuncias, el ministro de Cultura instó a la Fiscalía a investigar los hechos y solicitó la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

En el País Vasco, los arrestos y las cargas policiales en Bilbao generaron reacciones políticas. EH Bildu criticó duramente la intervención de la Ertzaintza y anunció que pedirá la comparecencia del consejero de Seguridad vasco en el Parlamento para aclarar el operativo realizado durante la llegada de los activistas.