Una investigación periodística reveló que dieciocho trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF) abusaron sexualmente de al menos 59 refugiadas sudanesas, algunas menores de edad, que escaparon del conflicto armado en Sudán y encontraron refugio en Chad. Los abusos se cometieron en el este de Chad durante 2024 y, en muchos casos, las víctimas fueron sometidas a chantajes mediante la oferta de alimentos o empleo a cambio de favores sexuales.

El propio informe interno de MSF reconoció la gravedad de los hechos y confirmó el despido de los responsables. Sin embargo, también admitió la dificultad para identificar a otros posibles agresores en el equipo. La organización señaló indicios que podrían vincularse al tráfico sexual, es decir, la explotación de personas con fines sexuales, aunque no se profundizó en detalles en este sentido.

Además, el documento reveló que varias víctimas decidieron no denunciar los abusos temiendo represalias que limitaran su acceso a la ayuda humanitaria esencial. En los casos en que se presentó una denuncia formal, MSF admitió que no siempre hubo una respuesta adecuada ni apoyo suficiente, y que los procedimientos para gestionar estas denuncias resultaron mayoritariamente ineficaces.

Tras la difusión del escándalo, Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado en el que expresa su condena a la conducta de sus empleados y lamenta el daño causado. La organización aseguró que trabaja para fortalecer sus sistemas de prevención, detección y respuesta frente a estos abusos, y promovió la denuncia segura de cualquier comportamiento inapropiado por parte de su personal o dentro de las comunidades atendidas.

Este episodio ocurre en el contexto del conflicto civil que estalló en Sudán en 2023, cuando el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se enfrentó al ejército sudanés, causando que más de once millones de personas hayan sido desplazadas interna o regionalmente, según ACNUR. Las cifras oficiales estiman decenas de miles de muertes, aunque hay fuentes que hablan de una cifra mucho mayor.

Casos similares de abusos sexuales cometidos por personal de organizaciones no gubernamentales en zonas de crisis ya habían sido denunciados anteriormente. En 2018, miembros de MSF y Oxfam España enfrentaron acusaciones por delitos de esta naturaleza, lo que pone de relieve la persistencia y la complejidad de estos problemas en contextos humanitarios.