El temor por la suerte de los presos políticos en Venezuela crece ante una serie de desapariciones forzadas que defensores de derechos humanos denuncian desde hace años. El deceso de Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento se mantuvo oculto por meses, y la desaparición prolongada de Hugo Marino son ejemplos que ilustran una situación crítica y sistemática.

Víctor Hugo Quero, un comerciante detenido en enero de 2025, murió bajo custodia estatal, aunque su familia fue informada nueve meses después. La búsqueda incansable de su madre, que duró más de un año, terminó en tragedia personal, pues ella falleció poco después de conocer la verdad sobre su hijo. Estas circunstancias han provocado que organismos internacionales como Amnistía Internacional clasifiquen estos sucesos como parte de una política estatal de desaparición forzada, que puede derivar en ejecuciones extrajudiciales.

Este patrón no se limita a unos pocos casos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) estima que existen aproximadamente 50 desapariciones forzadas, aunque la cifra real podría ser mayor. El miedo ha llevado a muchas familias a no denunciar, dificultando el acceso a datos concretos.

En teoría, las autoridades venezolanas deben informar sobre la situación de los detenidos y realizar audiencias judiciales dentro de las 48 horas siguientes a la detención. Además, los centros penitenciarios están obligados a mantener listados visibles de los internos para que sus familiares puedan ubicarlos. Sin embargo, estas normas no se cumplen, lo que obliga a los familiares a recorrer cárceles y comandancias sin respuestas ni acceso a información oficial.

Las organizaciones Provea y Amnistía Internacional coinciden en que la desaparición forzada se ha convertido en una práctica sistemática del Estado venezolano, reforzando la impunidad que rodea estas denuncias. Según el informe de Amnistía de 2025, al menos once personas permanecen en paradero desconocido.

El caso de Hugo Marino, quien residía en Miami y viajó a Venezuela en 2019 con la esperanza de regresar pronto, sigue siendo una incógnita para su familia y para la comunidad internacional, que exige respuestas ante la repetición de este tipo de abusos.

En medio de la presión internacional y nacional, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que se realizará una investigación para esclarecer la muerte de Quero. Sin embargo, la desconfianza persiste y familiares de presos políticos continúan enfrentando un laberinto institucional marcado por la falta de transparencia y acceso a la justicia.