La instalación de gigafactorías dedicadas a la inteligencia artificial (IA) plantea un dilema entre el avance tecnológico y la sostenibilidad ambiental. Estas enormes infraestructuras, que albergan miles de procesadores operando sin pausa durante todo el año, requieren un consumo eléctrico y de agua desproporcionado, comparable al de decenas de miles de hogares.
Un ejemplo claro es un centro de datos en Vineland, Nueva Jersey, que utiliza 300 megavatios, el equivalente a la demanda energética de unas 150.000 viviendas. En una ciudad mayoritariamente agrícola y de tamaño pequeño, la comunidad local ha mostrado rechazo debido a los impactos negativos que perciben: ruido constante, alto uso de recursos naturales y un beneficio económico mínimo.
Estos centros de datos compiten intensamente por recursos como el agua y el suelo. Su operación continua genera además necesidades severas de refrigeración, aumentando el consumo energético global. Las grandes empresas tecnológicas que los operan aprovechan la IA para optimizar sus ganancias, mientras las comunidades anfitrionas ofrecen la infraestructura y soportan las externalidades ambientales sin recuperar beneficios proporcionales.
Las gigafactorías son naves industriales que contienen cientos de miles de chips trabajando las 24 horas del día, desarrollando y entrenando modelos avanzados de inteligencia artificial. El incremento en la complejidad y demanda computacional está vinculado al auge de modelos sofisticados, como ChatGPT, que requieren enormes bases de datos y capacidad de procesamiento en la nube, lo que intensifica la presión sobre la infraestructura energética y de recursos.
Ante esta realidad, la Unión Europea promovió la construcción de cuatro grandes gigafactorías en distintos países, entre ellas un proyecto en Móra la Nova, con el objetivo de potenciar la soberanía digital continental. Sin embargo, expertos advierten que Europa continúa dependiendo de gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Google o Meta y que el impulso a estas infraestructuras no solo responde a motivos económicos, sino también a estratégicas políticas relacionadas con la autonomía tecnológica.
La preocupación principal de los residentes y especialistas no solo es el consumo energético, sino también la falta de un retorno tangible para las comunidades receptoras. La falta de beneficios sociales y económicos ha motivado movilizaciones locales para rechazar estos proyectos, considerándolos “vampiros energéticos” que generan problemas ambientales y sociales sin aportar desarrollo regional significativo.