El modelo social construido desde los años setenta hasta 2008, basado en el acceso masivo a la vivienda en propiedad, fue clave para integrar a la clase trabajadora en el proyecto neoliberal. Según Javier Gil, esta forma de vida se sustentaba en la idea de que adquirir una vivienda con crédito permitiría a las familias criar su patrimonio incluso sin que los salarios mejoraran. Así, la propiedad se convirtió en un agregado ideológico que sostuvo una estructura económica en la que sindicatos y el Estado perdieron influencia, mientras el mercado inmobiliario crecía.
Sin embargo, este pacto social se rompió con la crisis financiera de 2008. La restricción del crédito y el paso de una demanda vinculada a la vivienda a una demanda especulativa marcaron un cambio de rumbo en el mercado. En particular, la compra de viviendas dejó de responder a necesidades habitacionales para convertirse en un instrumento de inversión y beneficio financiero. Esto generó una desconexión entre el precio de la vivienda y la economía real que impactó con mayor fuerza en las grandes ciudades, donde los salarios dejaron de ser suficientes para adquirir inmuebles.
El sociólogo señala que la reestructuración económica iniciada en la década de 1970 con el neoliberalismo despojó a la clase trabajadora no solo de derechos sociales y laborales, sino de la seguridad vinculada al Estado de bienestar. La propiedad inmobiliaria sirvió para compensar esta pérdida, alineando los intereses de la población trabajadora con los de las élites financieras. No obstante, esta estrategia dejó de funcionar ante el aumento de las desigualdades salariales y la especulación creciente, que en España, por ejemplo, hizo que la capacidad para comprar una vivienda se vuelva inalcanzable para la mayoría.
Javier Gil denuncia que las políticas previas facilitaron que los especuladores tomaran el control del mercado inmobiliario, creando una burbuja financiera con consecuencias sociales profundas. Propone un cambio radical: en lugar de abrir las puertas a los especuladores, es necesario expulsarlos para recuperar el acceso a una vivienda digna y evitar que la vivienda sea un activo exclusivo de la élite económica.
Este análisis invita a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo paradigma en materia de vivienda que rompa con los mecanismos especulativos y asegure el derecho habitacional como base para la igualdad social, en lugar de ser un privilegio condicionado por el capital financiero.