Begoña Gómez deberá acudir a una audiencia preliminar convocada por el juez Juan Carlos Peinado, encargado de instruir la causa que la investiga por varios delitos, entre ellos corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Esta audiencia marca el cierre de la fase de instrucción antes de una posible apertura del juicio con jurado popular.

Además de Gómez, el magistrado ha citado a otras dos personas implicadas en la investigación: la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez dejó claro que su presentación deberá ser presencial y que, en caso de no comparecer, podrían ser llevados por la fuerza pública.

Durante esta etapa se decidirá si el caso avanza al Tribunal Provincial de Madrid para su juicio, así como si se aplican medidas cautelares a los investigados. Entre las solicitudes figura la petición de la acusación particular, representada por la entidad Hazte Oír, que exige la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para los tres involucrados.

El origen del proceso data de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias en 2024, en la que se alegaba que Gómez habría utilizado su posición para beneficiar empresarios mediante cartas de recomendación. La esposa del presidente mantuvo vínculos laborales con los propietarios de Globalia, empresa matriz de Air Europa, que financió un evento del Instituto de Empresa donde ella trabaja y codirige.

Tras la financiación de este acto, el Gobierno aprobó el rescate de Air Europa, financiado con fondos públicos creados durante la pandemia para apoyar a empresas en dificultades. Otro núcleo de la investigación gira en torno a una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, que Gómez codirigió y en la que participó un empresario que después concurrió a una licitación pública con más de 30 cartas de recomendación, una de ellas firmada por Gómez.

Después de más de dos años de pesquisas, el magistrado cerró la instrucción del caso proponiendo procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos. El juez considera que existen indicios suficientes para que sea juzgada por un jurado popular, señalando la complejidad y rareza del caso dentro del sistema democrático español.