En España, la identificación de gatos mediante microchip dejó de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal con la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales. Esta normativa busca garantizar que cada felino esté vinculado a un responsable, facilitando la recuperación de mascotas perdidas y reduciendo el abandono.
Para que la identificación sea efectiva, no basta con implantar el microchip; también es imprescindible inscribir el animal en el registro oficial de la comunidad autónoma correspondiente. Sin esta inscripción, el chip carece de valor práctico en caso de pérdida o emergencia.
La ley indica que los gatos deben estar identificados y esterilizados antes de cumplir seis meses, salvo aquellos que estén bajo la responsabilidad de criadores registrados para la cría. Esta medida contribuye a controlar la población felina y promueve su bienestar a largo plazo.
Las comunidades autónomas tienen competencias para adaptar el cumplimiento y la gestión de la identificación, por lo que los plazos y requisitos pueden variar. Por ejemplo, en Madrid se exige la inscripción en el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC), mientras que en Andalucía el registro debe realizarse generalmente dentro de los tres meses posteriores al nacimiento o adopción. Cataluña, además del chip, requiere en algunos casos identificación visible.
Estos matices regionales reflejan un esfuerzo coordinado para mejorar la trazabilidad de las mascotas y enfrentar el problema del abandono, garantizando que los gatos cuenten con una protección legal que facilite su retorno a casa en caso de extravío.