El acceso a una vivienda adecuada se ha convertido en una carga insostenible para la clase trabajadora, que dedica largas jornadas laborales sin lograr garantizar condiciones de vida dignas. El aumento constante de precios, especialmente en el mercado del alquiler, supera el 50% de los ingresos medios, lo que obliga a muchas personas a vivir endeudadas, en condiciones precarias o a postergar su emancipación.
Además, la crisis habitacional se agrava por la degradación y privatización de los servicios públicos básicos, que antes servían para garantizar un mínimo bienestar. Este escenario ha intensificado la conciencia colectiva y ha impulsado la organización de sindicatos y movimientos sociales que reclaman una reforma estructural que priorice las necesidades de la mayoría sobre los intereses de grupos privilegiados.
En Cerdanyola del Vallès, el Sindicat d’Habitatge ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos de las personas arrendatarias. Durante el último curso, ha logrado denunciar a múltiples inmobiliarias que incumplen la regulación de precios, frenar desahucios, recuperar fianzas y honorarios indebidamente cobrados, y asegurar prórrogas y renovaciones contractuales. Esta lucha se extiende más allá del ámbito jurídico, encontrando eco en alianzas con la comunidad educativa y la participación activa de voluntarios.
El pasado junio, más de veinte voluntarios participaron en una jornada dentro de la campaña “Ens costa la vida”, que reunió las inquietudes de vecinos afectados por la precariedad habitacional. Esta iniciativa refleja la necesidad urgente de fortalecer la movilización social para enfrentar la crisis.
El movimiento anuncia que continuará su acción el próximo año, con la intención de consolidar el conflicto por la vivienda y articular alianzas rumbo a una huelga general que garantice que vivir no siga siendo sinónimo de sacrificio insostenible.