María Jesús Montero y Rafael Ibáñez adoptaron una “separación afectiva” que no ha supuesto la disolución legal de su matrimonio ni la desvinculación de su patrimonio, según sus declaraciones recientes. La pareja sigue siendo copropietaria al 50% de varios inmuebles en Sevilla, además de un local comercial y un garaje, lo que refleja un lazo económico sólido pese a su ruptura personal.
El vínculo entre Montero e Ibáñez trasciende lo sentimental. Son padres de dos hijas y comparten hipotecas vinculadas a estos bienes, con una deuda en el Banco de Sabadell que ronda los 90.000 euros. Esta situación llevó a algunos medios a cuestionar si la unión persiste por razones financieras y de estabilidad familiar, especialmente pensando en sus hijas.
Ambos se conocieron en la Universidad de Sevilla en los años ochenta. Montero estudiaba medicina e Ibáñez Derecho, mientras ambos participaban en las juventudes de Izquierda Unida. La trayectoria de Montero incluye su paso de la Consejería de Salud al Ministerio de Hacienda, cargo que dejó temporalmente para competir en las elecciones andaluzas. Por su parte, Ibáñez tuvo un papel político relevante como diputado autonómico por Izquierda Unida en los años noventa y principios del 2000, además de su trabajo como abogado vinculado a Comisiones Obreras.
La pareja se casó por rito católico en Triana en una ceremonia sencilla que buscaba un “punto intermedio” entre sus convicciones. En 2019 hicieron pública la separación afectiva, concepto que prioriza la estabilidad emocional de sus hijas y la conservación del patrimonio común sin llegar a la ruptura legal.
Montero ha destacado en varias ocasiones que Ibáñez sigue siendo “su mejor amigo” y un pilar fundamental en su carrera política inicial, evidenciando una convivencia en términos de respeto y colaboración pese a la distancia sentimental.