Suiza se enfrenta a un referéndum que plantea limitar el crecimiento demográfico del país, con el objetivo de no superar los diez millones de habitantes antes del año 2050. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), contempla restringir la inmigración y modificar los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea.

En las últimas décadas, la población suiza ha aumentado principalmente por la llegada de extranjeros, que representan casi el 27 % del total, una de las proporciones más elevadas en Europa. La mayoría proviene de países vecinos como Italia, Alemania, Portugal y Francia. Según los promotores de la medida, el creciente número de residentes genera presión sobre infraestructuras públicas, transporte, vivienda y espacios naturales, además de un supuesto aumento de la delincuencia. Por ello, el SVP sostiene que el país está «demasiado lleno» y aboga por un control estricto de la inmigración.

La campaña a favor del «sí» ha empleado lemas como «Iniciativa por la sostenibilidad» y «No a la Suiza de 10 millones», mientras que la oposición alerta que la densidad poblacional suiza es inferior a la de otras grandes ciudades europeas como Berlín o París. Además, sostienen que el espacio habitable por persona está por encima de la media continental y que el incremento en los alquileres se ha compensado con subidas salariales y mayor capacidad de ahorro.

El SVP, partido de derecha populista y el principal en el Parlamento suizo, ha sido criticado por fomentar posturas xenófobas y ha tenido enfrentamientos legales por anuncios considerados racistas durante la campaña. Uno de sus carteles más polémicos aludía a un incidente violento atribuido a un sospechoso de ascendencia kosovar, lo que generó condenas judiciales y denuncias públicas.

Por otro lado, los detractores de la propuesta insisten en que las soluciones a los desafíos relacionados con el crecimiento poblacional deberían enfocarse en construir más viviendas públicas y cooperativas, así como en invertir en infraestructura ferroviaria. En contraste, el SVP apuesta por reducir impuestos para atraer empresas y personas extranjeras con altos ingresos, reforzando un modelo económico que prioriza la inversión de sectores acomodados mientras limita la migración.