La búsqueda de personas vivas entre los escombros continúa con urgencia en el estado venezolano de La Guaira, cuatro días después de que dos fuertes sismos sacudieran la región. Aunque el tiempo crítico para hallar sobrevivientes suele ser entre las primeras 48 y 72 horas tras un desastre natural, los equipos internacionales y locales mantienen la esperanza y las labores de rescate pese a la disminución progresiva de probabilidades.

El gobierno informó que el balance oficial de fallecidos supera las mil cuatrocientas cincuenta personas, mientras que miles siguen reportadas como desaparecidas. Familias desesperadas han creado bases de datos para localizar a sus seres queridos, aunque cuestionan la respuesta oficial y señalan que el esfuerzo de los civiles ha sido más visible en los primeros días que el de las autoridades.

El sábado, la presidenta interina Rodríguez anunció en televisión un despliegue de más de 14,000 efectivos militares y policiales para controlar el área, imponiendo prohibiciones para acceder a las zonas afectadas, donde el paso ahora requiere permisos especiales. Las tareas de rescate han ganado en organización, en contraste con la percepción inicial de inacción gubernamental expresada por los habitantes.

El esfuerzo internacional incluye a equipos de Estados Unidos y Francia, que reportaron rescates recientes, como el de un hombre y su hijo extraídos con vida y trasladados para recibir atención médica inmediata. La ONU confirmó que más de 2,200 rescatistas ya trabajan en el terreno, y continúan sumándose nuevos contingentes.

El impacto en infraestructura es devastador: el gobierno contabilizó más de 770 edificaciones total o parcialmente derrumbadas, cifra que casi duplica los daños reportados días antes. Vecinos intentan encontrar a familiares trepando restos y llamando sus nombres, cubiertos por el polvo y el calor sofocante que agrava la situación sanitaria, mientras el olor a descomposición se extiende en comunidades costeras.

En las áreas afectadas, la acumulación de cuerpos moviliza a los equipos de emergencia, que deben manejar y transportar cadáveres, algunos en bolsas oficiales y otros sin ninguna cobertura. La crisis humanitaria se intensifica en medio de un panorama político complicado, donde el rechazo al gobierno de Rodríguez se mezcla con las dificultades económicas ya arraigadas en el país.