La Asamblea General de ANCI, asociación que agrupa a constructoras no cotizadas, puso en el centro del debate la urgente necesidad de actualizar y reformar los mecanismos de contratación pública para enfrentar el alza sostenida de los costos en el sector de infraestructuras. El encarecimiento de materiales y mano de obra desde 2020 ha generado un aumento promedio del 30% en los gastos de construcción, dificultando la ejecución y poniendo en riesgo numerosos proyectos públicos.
Aunque el volumen de licitaciones de obra pública ha aumentado significativamente en los últimos años, superando en 2025 los treinta y cinco mil millones de euros, ANCI advirtió que esta inversión se concentra en áreas específicas, mientras infraestructuras clave como las hidráulicas siguen padeciendo déficits de financiamiento. Además, muchos contratos públicos siguen basándose en proyectos obsoletos o precios desactualizados, con criterios de revisión que resultan insuficientes para reflejar las fluctuaciones reales del mercado durante el desarrollo de las obras.
Para contrarrestar esta situación, la Asamblea General de ANCI propuso tres medidas prioritarias destinadas a equilibrar la relación entre inversión y costos reales. En primer lugar, la licitación debe realizarse sobre presupuestos ajustados a los precios actuales de mercado, evitando referencias a bases desfasadas. En segundo lugar, plantearon convertir el sistema de revisión de precios en un mecanismo obligatorio y efectivo, que contemple no solo materiales sino también el aumento del costo de la mano de obra. Finalmente, solicitaron avanzar hacia una contratación pública que valore por igual la calidad y el precio, con controles rigurosos para evitar ofertas anormalmente bajas que puedan destruir la viabilidad económica de los proyectos.
Durante la clausura de esta reunión, la secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destacó el compromiso del gobierno con la inversión en infraestructuras, aunque reconoció la complejidad que representa adaptar los marcos contractuales a la realidad económica actual y futura.
Según la asociación, estos ajustes no solo asegurarían la ejecución eficiente y sostenible de las obras, sino que también favorecerían la estabilidad del sector constructor y garantizarían una mejor respuesta a las necesidades infraestructurales del país.