El ministro de Hacienda, Arcadi España, presentó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta para establecer un déficit asimétrico entre las comunidades autónomas. Aunque el consenso fijó un déficit conjunto del 0,1% del PIB, España impulsó la idea de distribuir dicho déficit de forma desigual, según la situación fiscal de cada territorio. Esta postura sorprendió a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, acostumbradas a mantener un discurso uniforme en materia financiera.

La propuesta retoma un modelo aplicado en 2013 bajo la gestión de Cristóbal Montoro, cuando la Comunitat Valenciana solicitó un déficit adaptado a las circunstancias financieras particulares de cada región. El concepto es que aquellas comunidades que hayan presentado superávit o equilibrio fiscal mantengan un déficit menor, mientras que las más deficitarias puedan contar con un margen adicional. El ministro justificó esta asimetría como un acto de solidaridad entre territorios para facilitar un reparto más justo del esfuerzo fiscal.

Arcadi España destacó que varias comunidades han cerrado ejercicios con superávit y no requieren un colchón financiero extra, a diferencia de otras con déficit alto que necesitan una mayor flexibilidad para mantener sus servicios y cumplir objetivos presupuestarios. Propuso además que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elabore un borrador para definir el reparto, que luego sería debatido en una futura reunión del CPFF.

La reacción del PP fue dispar, ya que no esperaban esta iniciativa y faltó un argumentario unificado. La consejera madrileña fue la primera en manifestar su postura contraria, mientras otras comunidades expresaron opiniones variadas según sus intereses y contextos fiscales. Esta propuesta podría abrir un nuevo debate sobre la distribución del déficit y el nivel de autonomía financiera de las regiones españolas.

En definitiva, la medida busca ofrecer un respiro a las comunidades con peor financiación, como la Comunitat Valenciana y Murcia, que podrían beneficiarse de un aumento en su techo de déficit siempre que otras autonomías contribuyan cediendo parte de su margen fiscal. Aunque el total de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas se mantenga en el 0,1% del PIB, la distribución interna podría ajustarse para aliviar desequilibrios persistentes.