La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó la presentación de 21 denuncias penales por presuntos daños al erario que superan los 600 millones de pesos durante el ejercicio presupuestal de 2025. Estas acciones legales involucran a los tres niveles de gobierno y forman parte de los primeros efectos de la reciente reforma en materia de fiscalización aprobada en abril.
Además de estas denuncias, la ASF inició 31 expedientes de investigación contra autoridades municipales, estatales y federales para analizar posibles irregularidades. El organismo también remitió 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivados principalmente de casos de colusión en procesos de contratación pública.
El titular de la ASF explicó que el nuevo modelo de Auditoría Integral permitió realizar revisiones exhaustivas al 100 % de los recursos ejercidos en cada dependencia o entidad, en lugar de auditorías aisladas. Este año, el Programa Anual de Auditorías contempla la realización de 2 mil 244 auditorías, de las cuales 209 se enfocan en dependencias federales.
Con estas auditorías se revisarán en total mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno, incluyendo municipios, alcaldías, entidades federativas, organismos descentralizados y otros que ejercen recursos federales. Esta es la primera vez que se auditan todas las dependencias federales en el mismo proceso.
En la primera entrega del balance de la Cuenta Pública 2025, la ASF informó que se verificaron más de 29 mil transferencias de participaciones federales a los municipios y alcaldías, correspondientes a todos los 2 mil 478 entes de ese nivel. La intervención de la Auditoría logró recuperar para las arcas municipales recursos que no habían sido transferidos previamente.
Destaca que, de más de 300 mil millones de pesos distribuidos, el monto pendiente de aclaración es apenas 1.4 millones, lo que representa un avance histórico en la transparencia y administración de los fondos públicos.
Finalmente, el Auditor señaló que en los primeros 100 días tras la aprobación de la reforma se crearon Unidades Especializadas en Inteligencia y Análisis, Investigación y Auditoría Forense, así como dedicadas a Entidades Federativas y Municipios, fortaleciendo así la capacidad de fiscalización y detección de irregularidades.