El grupo Andalucía por Sí (AxSí) en Puerto Real volvió a poner en tela de juicio el proceso de contratación de una asesora jurídica y económico-financiera en la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI). Según los andalucistas, el servicio se adjudicó a una militante y exconcejala de Izquierda Unida sin la cualificación académica ni la titulación necesarias para desempeñar esas funciones.
Tras revisar el expediente de contratación, solicitado por el concejal Jesús Plaza en representación de AxSí, se constató que solo se solicitaron tres presupuestos para la adjudicación. Además, la persona contratada presentó certificados equivalentes a formación media, algunos expedidos después de firmarse el contrato, lo que pone en duda la validez de su incorporación para tareas especializadas en asesoría jurídica y económica.
Los andalucistas alertaron también sobre una evidente duplicidad en el gasto público, pues EPSUVI ya cuenta desde hace años con contratos externos de asesoría jurídica y gestión económica realizados por profesionales titulados. En un contexto de delicada situación económica para la empresa pública, la contratación de servicios que replican funciones existentes no estaría justificada.
El portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, señaló además que esta decisión genera la impresión de un trato de favor, ya que la incorporación habría sido "por la puerta de atrás". Insistió en la necesidad de transparencia y que cualquier contratación de personal de confianza debería ser discutida y aprobada en pleno, con conocimiento público.
Desde dentro del Ayuntamiento, empleados municipales alertaron que la persona contratada tuvo acceso libre a dependencias oficiales y participó en reuniones internas, incluidas discusiones sindicales y presupuestarias, sin ser funcionaria ni estar contratada directamente por el Consistorio, sino solo por EPSUVI.
Por último, la concejala Sandra Rodríguez criticó la reacción de la alcaldesa ante las demandas de fiscalización por parte de la oposición, señalando que las peticiones de aclaración no fueron bien recibidas y dificultaron el control democrático del proceso de contratación.