El motivo principal de la polémica fue la convocatoria de un pleno extraordinario a primera hora de la mañana para aprobar el contrato de mantenimiento de parques y jardines, cuyo presupuesto supera los 5,2 millones de euros más IVA. La oposición denunció que el alcalde no permitió la realización de una comisión informativa previa, clave para aclarar dudas y debatir sobre los detalles del contrato.
Durante la Junta de Portavoces anterior al pleno, el portavoz de més Algemesí, Josep Bermúdez, solicitó formalmente que se convocara esta comisión para analizar el contrato, plantear inquietudes sobre aspectos como el personal subrogado, el sistema de poda, la perspectiva de género y la ausencia de separación por lotes. Sin embargo, el alcalde rechazó la petición, argumentando que se trataba de un pleno técnico y remitiendo a la oposición a enviar consultas por correo electrónico.
Esta decisión fue interpretada por la oposición como una limitación al derecho de fiscalización y participación política. También criticaron que el punto no había pasado por el dictamen previo correspondiente, lo que afecta a la transparencia en la gestión pública. En pleno, tanto més Algemesí, EU y PSOE votaron en contra de incluir en el orden del día los puntos relacionados con el contrato al no haberse cumplido los procedimientos establecidos.
Además, la oposición resaltó que el equipo de gobierno no aseguró contar con la mayoría necesaria para aprobar dicha inclusión en el pleno. La ausencia de dos miembros del equipo gobernante evidenció la falta de consenso interno, aunque destacaron que las ausencias pueden darse por causas imprevistas sin que esto implique responsabilidad política para la oposición.
Con este escenario, los partidos criticaron que el alcalde considera a la oposición como una mera presencia simbólica, sin valorar su papel representativo de una parte significativa de la ciudadanía. Reclamaron que la participación política debe basarse en un diálogo respetuoso y que la premura y los procedimientos aprobados unilateralmente dañan el correcto funcionamiento del ayuntamiento.