Un inusual intento de suspender temporalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó revuelo a pocos días de la segunda vuelta presidencial. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la suspensión provisional del mandatario hasta el cierre de las urnas, alegando su supuesta participación en política durante la campaña electoral, lo que desató un fuerte rechazo.
Este organismo, presidido por Gloria Arizabaleta, miembro del mismo partido de Petro, ordenó la suspensión pese a que la Constitución establece que dicha comisión no tiene facultad para separar al jefe del Estado. Solo el Senado puede suspender al presidente, y únicamente después de que la Comisión actúe como ente acusador en un proceso debido. Por ello, expertos en derecho y autoridades oficiales señalaron que la medida no tiene validez jurídica.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la Comisión de Investigación y Acusación solo realiza tareas de instrucción y no puede ejecutar sanciones como la suspensión presidencial. Insistió en que la decisión de Arizabaleta carece de fundamento legal y no puede ser aplicada por la voluntad de un solo representante. Benedetti, considerado una figura cercana a Petro, reiteró que solo el Senado posee la competencia para proceder con una suspensión, tras una acusación formal en función penal o disciplinaria.
Además, el expresidente del Senado Roy Barreras coincidió con esta interpretación y afirmó que la resolución de la Comisión es inconstitucional y carece de efectos. Barreras destacó que, aunque la investigación contra Petro está en curso por supuesta injerencia política en la campaña, ningún órgano puede apartarlo automáticamente sin respetar los procedimientos contemplados en la ley.
Mientras tanto, Petro, quien se encontraba en Nueva York participando en actividades internacionales, aún no se ha manifestado oficialmente respecto a la decisión de la Comisión. Este episodio ocurre en un contexto político tenso, a once días de elegir al sucesor del presidente en las urnas, lo que incrementa la incertidumbre sobre el proceso y el respeto al marco legal.