Los servicios sanitarios en Canarias atraviesan un momento crítico por huelgas y movilizaciones que afectan a distintas categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS). La huelga de médicos, que ya cumple cinco semanas, acumula un retraso significativo en citas, pruebas diagnósticas y cirugías programadas, mientras que la incertidumbre se extiende con nuevas convocatorias para próximos días.
Este viernes se sumará una jornada de paro en el transporte sanitario en ambulancias y protestas en varios hospitales y centros de salud, donde los trabajadores denuncian recortes, reorganización de plantillas y el posible cierre temporal de servicios y camas durante el verano en centros como los Hospitales Universitarios de Canarias y La Candelaria. Además, otros colectivos como los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) mantienen abiertos conflictos laborales por reclasificaciones y reconocimientos profesionales bloqueados, a los que se unirán auxiliares administrativos y celadores en una huelga convocada para el 22 de junio.
Con cerca de 45.000 empleados, la sanidad pública canaria enfrenta la mayor tensión laboral de las últimas décadas, afectando no solo a la atención de los usuarios sino también generando un coste económico elevado por el impacto en demoras y servicios suspendidos. Las reivindicaciones médicas, inicialmente vinculadas a una protesta nacional contra reformas estatales del Estatuto Marco, incluyen en Canarias demandas específicas sobre organización del trabajo, guardias, remuneraciones y traslados, que no han logrado resolverse.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del SCS, Adasat Goya, han comparecido para dar cuenta del impacto de las protestas y señalar que, aunque parte del conflicto se debe a la difícil negociación nacional, el SCS también carga con responsabilidad. Sobre el conflicto en el transporte sanitario, Monzón defendió la postura de no intervenir directamente en la negociación del convenio colectivo del sector, que lleva estancada año y medio, a pesar de que los trabajadores demandan mejoras salariales y condiciones laborales. La consejera insistió en que las mejoras para el personal de emergencias deben resolverse dentro de ese acuerdo.
Diversas organizaciones sindicales, como CESM, Semca, Médicos Unidos, Asociación MIR y ahora UGT, han convocado jornadas de huelga para los próximos meses, lo que anticipa la continuidad del conflicto y la presión sobre la sanidad pública regional. El colapso de la atención sanitaria afecta directamente a los ciudadanos, que sufren largas esperas y servicios limitados en un momento clave del año.