La semana política se centró en un conjunto de comparecencias que pusieron bajo fuerte presión al núcleo cercano del presidente del Gobierno. Entre el lunes y el viernes, cuatro personas vinculadas al círculo de Pedro Sánchez se presentaron ante tribunales y el Senado para responder sobre diferentes investigaciones que afectan directamente al Ejecutivo.
El inicio estuvo marcado por la audiencia preliminar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, quien debe responder en un proceso que involucra posibles delitos como corrupción, malversación y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado insiste en la obligación de su presencia personal, mientras la defensa busca el archivo del caso y la acusación popular solicita una condena prolongada.
En paralelo, la semana continuó con la comparecencia de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, ante la Comisión de Interior del Senado. Su testimonio se centró en aclarar sus contactos con Leire Díez, una figura implicada en una investigación judicial que investiga presuntas irregularidades dirigidas por el juez Santiago Pedraz. González admitió algunos encuentros, aunque diversos informes policiales cuestionan la naturaleza y finalidad de estas reuniones.
Entre el miércoles y jueves, la atención se trasladó a la Audiencia Nacional con la citación de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el caso Plus Ultra, así como al hallazgo de joyas incautadas en su despacho, puntos que intensificaron el debate sobre la influencia y transparencia en la gestión pública. Su declaración implicó un análisis más profundo sobre responsabilidades y posibles consecuencias legales.
Finalmente, la semana concluyó con la comparecencia de Teresa Peramato, fiscal general del Estado, ante el mismo tribunal. La Fiscal explicó una serie de procedimientos que han desencadenado estas investigaciones y defendió la actuación del Ministerio Público en un contexto de creciente presión política y mediática.
Estas cuatro comparecencias se desarrollaron en un momento delicado para Moncloa, que denuncia una ofensiva política y judicial contra su equipo más próximo. La oposición, por su parte, señala que este cúmulo de procedimientos y declaraciones públicas dibuja un escenario insólito para la estabilidad gubernamental, poniendo en riesgo la continuidad y la imagen del Ejecutivo.