El proyecto para construir una nueva sede judicial en Santa Clara, una zona céntrica de Xàtiva, enfrenta oposición por parte de la Conselleria de Justicia, que sugiere trasladar el edificio a una zona periférica, generando un fuerte debate sobre el respeto a la autonomía local y la tradición histórica en la localización de instituciones públicas.
Este rechazo ha provocado cuestionamientos hacia el alcalde, quien se negó a modificar la calificación urbanística de algunos solares para adaptar el proyecto a las directrices de la Conselleria. El líder local del partido opositor acusa el gobierno municipal de renunciar a acciones similares realizadas en otros proyectos, como el nuevo centro de salud, donde se aprobaron sin inconvenientes cambios en la planificación urbana.
La concentración de edificios representativos en el centro de la ciudad tiene un precedente histórico claro. En las ciudades romanas, como Saetabis —antigua Xàtiva—, los espacios públicos e institucionales, como el foro, la cúria y la basílica, se ubicaban en el área central y privilegiada, un modelo que persiste en muchas urbes actuales. Construcciones destinadas a actividades culturales o de espectáculo se emplazaban en las periferias o fuera de los muros urbanos.
Desde esta perspectiva, el nuevo palacio de justicia debería emplazarse en una zona central como Santa Clara para mantener la tradición y facilitar el acceso ciudadano. Sin embargo, la propuesta de ubicarlo en zonas alejadas, como Pla de la Mesquita o incluso en el término municipal vecino, genera críticas y pone en tela de juicio la participación ciudadana y la competencia del gobierno local para decidir sobre su propio desarrollo urbano.
El equipo de gobierno, elegido democráticamente y con un programa electoral que incluía el proyecto judicial en Santa Clara, defendió el plan inicialmente aprobado y con licencia otorgada. El abrupto cuestionamiento de la Conselleria tras una inversión ya realizada y a pocos meses de las próximas elecciones sugiere dudas sobre la buena fe política y el respeto a los compromisos adoptados.
La disputa expone un conflicto entre poderes superiores y la autonomía municipal, donde la interlocución con los vecinos y la voluntad popular deberían ser centrales en decisiones urbanísticas importantes. Así, el debate no solo involucra aspectos técnicos del urbanismo, sino principios básicos de representación democrática y gestión local de los recursos públicos.