La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito al juez que investiga un caso relacionado con blanqueo de capitales, en el que el expresidente aparece vinculado a una red internacional a través de conversaciones incautadas. La estrategia legal busca anular la validez de esas pruebas, argumentando que podrían haberse obtenido y analizado sin la autorización judicial necesaria.
En concreto, el recurso señala que las conversaciones clave provienen de un dispositivo llamado 'Crucial', que contenía mensajes entre un abogado español y directivos de la aerolínea Plus Ultra. La grabación de estas comunicaciones habría sido resultado de una cooperación jurídica internacional solicitada por Francia y Suiza, pero la defensa no encontró en el sumario ninguna resolución judicial que autorizara a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) o al Ministerio Fiscal para revisar estas conversaciones.
La referencia directa a Zapatero surge a partir de un chat de WhatsApp encontrado en estos dispositivos, donde un broker venezolano menciona a un tal “Z” o “Zorro”, presuntamente en relación personal y económica con el expresidente. A través del escrito, la defensa solicita al juez que requiera a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial que habilitó el análisis del contenido incautado, ya sea mediante la Orden Europea de Investigación o la Comisión Rogatoria Internacional, ambas herramientas que regulan la cooperación entre países para investigaciones criminales.
Además, se reclama que se aclare bajo qué cobertura legal se ha empleado el material obtenido para incorporarlo a este procedimiento, advirtiendo que la correcta autorización es imprescindible para garantizar la validez jurídica de dichas pruebas.
Este caso forma parte de un operativo denominado ‘Crucial’, cuyo objetivo fue desarticular a una red internacional de blanqueo de capitales y contó con la colaboración de autoridades judiciales extranjeras. La defensa insiste en que, sin los permisos judiciales adecuados, cualquier análisis o utilización de estas conversaciones podría vulnerar derechos fundamentales y afectar el desarrollo del proceso penal.