El Ayuntamiento revocó el acuerdo previo que desestimaba la incompatibilidad del concejal Francisco Contilló y confirmó la incapacidad de dos ediles, Manuel Ortega Benítez y Ramón Otero Altarriba, para ejercer sus cargos debido a no reunir la condición básica de electores requerida por la ley electoral.
Esta decisión anuló formalmente la elección de ambos concejales, generando un ambiente político tenso entre republicanos y conservadores en Algeciras. Frente a esta situación, un político local, González de la Vega, intentó apaciguar los ánimos y defendió el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluso en un contexto marcado por disputas electorales y supuestas irregularidades.
En contraste, se registró un caso inusual para la época: María del Carmen Tomé y Lene, residente en la calle Muro, declaró formalmente que estaba en plena posesión de sus derechos civiles y legales, sin estar sometida a tutela ni patria potestad. Además, otorgó poder a su hermano para representarla en la gestión testamentaria de su padre, demostrando una independencia femenina poco común en ese período.
Otro ejemplo de protagonismo femenino se dio con Josefa Gómez Jerez, viuda y propietaria, quien fue nombrada administradora legal de los bienes de su hijo menor. Esta administración incluía una fábrica de alfarería junto con tierras y cultivos que formaban parte del patrimonio familiar, gestionados para sostener al joven heredero.
Estos hechos reflejan una fuerte tensión entre tradición y cambios sociales. Aunque en espacios públicos predominaba el conservadurismo, en la esfera privada algunas mujeres comenzaron a alcanzar grados notables de autonomía legal y económica.