Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, recibió una condena de cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto tras ser declarado culpable de conspirar con autoridades de Estados Unidos para coaccionar a altos cargos y jueces brasileños. La sentencia incluye además una multa equivalente a 100 salarios mínimos, ocho años de inhabilitación política y la pérdida de su cargo en la Policía Federal.
El Supremo Tribunal Federal (STF), órgano máximo del Poder Judicial en Brasil, determinó que Eduardo Bolsonaro usó influencias desde el extranjero con el fin de detener los procesos judiciales contra su padre, quien fue condenado a 27 años y dos meses de prisión por liderar un intento fallido de golpe de Estado. Esta intervención ilegal recibió duras críticas por parte del juez Alexandre de Moraes, líder del caso y que también fue sancionado por Estados Unidos. De Moraes puntualizó que la función de un legislador nacional no puede involucrar maniobras de presión internacional contra su propio país.
La condena se sustenta en que Eduardo Bolsonaro abandonó Brasil en 2025 y desde Texas impulsó aranceles punitivos de hasta el 50% por parte del entonces presidente Donald Trump contra productos brasileños, afectando la economía nacional. A pesar de que sus abogados apelaron el veredicto alegando falta de pruebas, el tribunal consideró que las acciones de Eduardo configuraron un daño generalizado para Brasil al perjudicar su comercio exterior y generar desinformación en la relación bilateral.
Además de las sanciones penales, la condena implica la inhabilitación política de Eduardo para participar en cargos públicos durante ocho años, un golpe a sus aspiraciones electorales en un contexto marcado por la competencia política de su hermano Flavio Bolsonaro, principal adversario del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva rumbo a las elecciones de octubre.
Hasta el momento, Flavio Bolsonaro no ha emitido declaraciones tras conocerse la sentencia contra su hermano. Este caso representa un episodio relevante en la política brasileña, pues pone en evidencia la intromisión de intereses personales en la relación bilateral con Estados Unidos y la instrumentalización de recursos internacionales para influir en la justicia nacional.