El escándalo que envuelve a José Luis Rodríguez Zapatero tras los informes de la UDEF ha abierto una grieta en la coalición que respalda al presidente Pedro Sánchez. Socios habituales del Ejecutivo han empezado a expresar públicamente sus reservas y críticas, poniendo en duda incluso la continuidad del mandato.
Uno de los pronunciamientos más contundentes vino desde Sumar. Enrique Santiago, diputado y portavoz de IU, calificó de «catastrófico» lo revelado sobre el expresidente y alertó sobre la ilegalidad de cobrar por gestiones políticas, una práctica que consideró un delito grave. Además, censuró que un exmandatario utilice la estructura institucional asignada a exjefes de Gobierno para actividades privadas, poniendo en entredicho la ética y legalidad del comportamiento atribuido a Zapatero.
Este diagnóstico contrasta con la defensa que desde Moncloa se ha intentado imponer en las últimas horas. La estrategia oficial trata de minimizar el impacto del caso, calificándolo como actividades propias de «lobby», al tiempo que desacredita los informes policiales y la documentación judicial que apunta a sociedades offshore, presuntos testaferros y maniobras para frenar investigaciones.
El descontento no se limita a Sumar. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también mostró una postura mucho más crítica y advirtió sobre la gravedad del asunto. Su presidente, Aitor Esteban, comentó que las circunstancias actuales dificultan que Sánchez pueda concluir la legislatura y subrayó la seriedad de un caso que, sumado a otros abiertos, compromete la confianza en el Gobierno. Rechazó además la interpretación oficial que habla de «lawfare» —uso político de la justicia— y exigió respuestas claras ante esta crisis.
La disputa política exhibe una realidad preocupante para el Ejecutivo: el caso Zapatero ha dejado de ser un problema exclusivo de la oposición. Socios fundamentales que sostienen la mayoría parlamentaria comienzan a distanciarse y a manifestar temor frente a una trama que, según el juzgado, involucra una red organizada de influencias, sobornos y operaciones opacas relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
Este escenario complica el panorama para Sánchez y puede impulsar un recrudecimiento de las cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno, que deberá responder ante sus propios aliados, además de la oposición, para mantener su estabilidad política.