El Derecho Administrativo tiene la función de establecer límites y contrapesos frente a un poder que históricamente ha tendido a expandirse sin control. Sin embargo, cuando el Derecho representa un obstáculo para alcanzar los fines del poder, suele ser objeto de desprestigio y manipulación para instalar un sistema en el que predominan las formas sobre el contenido ético y político.
Este proceso lleva a una forma de procedimentalismo y procesalismo que puede convertirse en la antesala del totalitarismo, donde la forma jurídica se eleva a un valor supremo y desvinculado de los principios éticos. La razón técnica y formalizadora da paso a una razón jurídica vaciada de contenido ético, fenómeno especialmente visible a lo largo del siglo XX.
El formalismo jurídico, entendido como la interpretación aislada de las normas en un marco positivista rígido, contribuye al arbitrismo. En este esquema, las normas son aplicadas sin atender la realidad social ni los valores y principios del Estado de Derecho, que terminan percibiéndose como obstáculos para la instauración de un Estado formal donde prevalece la forma sobre el fondo.
Este enfoque formalista, ligado al positivismo excluyente, ha facilitado un uso alternativo del poder y del Derecho, reduciendo las garantías y principios éticos a meros trámites formales. Así, gran parte de los sistemas políticos occidentales se han transformado en Estados formales que privilegian exclusivamente el poder procedimental, dejando de lado la justicia material.