El gobierno de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Valldoreix aprobó un aumento salarial para sus cargos electos mediante un decreto presidencial, con efectos retroactivos desde enero de 2025. La medida contempla un incremento del 2,5 % para el año 2025 y del 1,5 % para 2026, además del pago de los atrasos en la nómina de mayo de 2026.
Esta decisión ha generado críticas desde el grupo Junts per Valldoreix, que cuestiona la utilización de un decreto para modificar una cuestión tan sensible como las retribuciones públicas, especialmente después de que su grupo rechazara esta subida en un pleno ordinario celebrado en septiembre de 2024. Consideran que, más allá del derecho legal a estas remuneraciones, la maniobra carece de la transparencia que debería exigirse en asuntos económicos.
Por este motivo, Junts per Valldoreix solicitó un informe jurídico al secretario de la EMD para determinar si el decreto es el instrumento adecuado para aprobar esta variación salarial. Además, pidieron acceso al expediente completo, los informes de Secretaría e Intervención, el detalle de las cantidades abonadas y la publicación oficial correspondiente. La exigencia de claridad responde a que los fondos son públicos y los ciudadanos merecen conocer quién autorizó la subida, bajo qué bases legales y cuál será su impacto económico total para la entidad.
La polémica se agrava en un contexto marcado por denuncias sobre el estado de abandono y falta de mantenimiento en la localidad, elemento que hace que la decisión de aumentar salarios sin consenso público sea aún más cuestionada. La crítica apunta no solo al incremento sino a la forma en que se impuso, sin debate ni explicaciones previas.
En resumen, la aprobación por decreto de los ajustes salariales impulsada por el gobierno de Valldoreix abrió un debate sobre la gestión ética, la responsabilidad pública y la necesidad de informar claramente a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos en la administración local.