El Ejecutivo español avanzó la pronta aprobación de un nuevo decreto ley con medidas económicas y fiscales destinadas a proteger tanto al tejido productivo como a la ciudadanía, en respuesta a las consecuencias derivadas del conflicto entre Irán e Israel. La propuesta se someterá a aprobación en el último Consejo de Ministros de junio, previsto para la última semana del mes, con el objetivo de renovar y ampliar las ayudas que expiraron recientemente.

Este paquete de medidas responde a la escalada de tensiones internacionales, que obligó al Gobierno a implementar en marzo un primer decreto con ayudas por valor de varios miles de millones de euros para amortiguar el elevado impacto en los precios de la energía. Entre otras acciones, aquel decreto facilitó auxilios directos para sectores clave como la agricultura y la industria electrointensiva, incluyendo una notable reducción en el coste de la electricidad y un fondo para fertilizantes que apoyó la temporada de cosechas.

Sin embargo, muchas de las medidas fiscales de ese primer decreto, como la rebaja del IVA a la electricidad y la reducción del Impuesto Especial sobre el Electricidad, vencieron en junio. Por ello, el Gobierno ha monitoreado la evolución del conflicto y mantiene conversaciones con los sectores afectados y los grupos parlamentarios para asegurar un consenso más amplio, incluyendo la posible adhesión del principal grupo de la oposición.

Las nuevas ayudas se presentarán en un contexto distinto, marcado por un anuncio reciente de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, hecho que modifica las previsiones iniciales y podría influir en el contenido definitivo del paquete. Desde el Ejecutivo aseguran que las medidas apuntan a mantener la contención de la inflación, así como a sostener el crecimiento económico y la generación de empleo frente a las dificultades derivadas del aumento en los costes energéticos.

El presidente del Gobierno ha destacado que, tras la implementación del decreto de marzo, se logró un impacto positivo significativo para hogares y empresas, y mantiene la hoja de ruta para extender la protección económica mediante el nuevo decreto previsto para finales de junio.