El proyecto de reforma en el Código Penal presentado por el Gobierno elimina las sanciones penales agravadas por insultos al Rey, equiparando estas ofensas a las injurias comunes contra cualquier ciudadano. Sin embargo, mantiene la persecución penal sobre actos considerados humillantes o de escarnio público hacia la institución, como manifestaciones con representaciones degradantes del monarca.
Este ajuste legal implica derogar el apartado que castigaba con penas de prisión las injurias graves contra el Rey y sus descendientes, así como eliminar el artículo que prohibía el uso de imágenes que menoscabaran el prestigio de la Corona. Además, desaparecen las menciones específicas a injurias contra altos organismos del Estado y símbolos nacionales, buscando uniformizar el régimen delictivo del honor.
No obstante, la reforma consolida una línea roja: mientras las críticas y opiniones duras pero legítimas quedan amparadas por la libertad de expresión, el Gobierno preserva la facultad de sancionar actos simbólicos o burlas públicas que tengan como fin degradar y humillar a la institución monárquica. Esto responde a quejas políticas tanto de la derecha como de la izquierda y a casos notorios, como el uso de muñecos representando al Rey en protestas, que han generado una fuerte controversia.
Con esta medida, la protección penal específica a la Corona pierde fuerza histórica, situando al Rey en un estatus jurídico similar al resto de los ciudadanos respecto a las injurias. No obstante, mantiene un resguardo para actos que sobrepasan la dimensión de simples críticas y entran en el terreno del desprestigio público organizado.