El Ministerio de Sanidad anunció que buscará comenzar el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el próximo periodo de sesiones, tras el receso veraniego. Se trata de la primera ley de este tipo desde 1997 que intenta modificar de manera significativa la gestión pública sanitaria, con especial énfasis en reducir la colaboración público-privada en el sector.

Este proyecto ya fue aprobado en el Consejo de Ministros en mayo y aspira a transformar el “escenario del juego” en la gestión sanitaria pública. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, destacó en un desayuno informativo que el Ministerio avanza en múltiples frentes normativos, tanto con iniciativas ya implementadas como otras en proceso, con el objetivo de cerrar estos asuntos durante la legislatura o dejar la base lista para el siguiente mandato.

En el ámbito farmacéutico, se resaltó la aprobación reciente de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que busca reunir a los actores principales del sector en un marco común de colaboración. Además, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias junto con otro que regula el precio y la financiación de medicamentos, cuyo periodo de audiencia pública se extendió hasta el día 21 del mes en curso.

Padilla describió este último real decreto como un texto técnico pero imprescindible para completar la regulación del sector farmacéutico, al complementar la Evaluación de Tecnologías. Paralelamente, avanzó que la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, definida como “tremendamente ambiciosa”, se aprobará en el Consejo de Ministros durante este mes para luego ser enviada al Parlamento.

Esta nueva ley responde a las demandas y necesidades de los distintos sectores implicados, desde pacientes y profesionales hasta organizaciones de la sociedad civil y la industria. Durante su elaboración, se realizaron consultas amplias con estos actores para ajustar el texto y lograr una normativa consensuada y aceptada.

Finalmente, el secretario de Estado defendió que se mantendrá la confidencialidad en los acuerdos de precios de medicamentos, un aspecto cuestionado en el contexto internacional, especialmente tras la política farmacéutica impulsada en Estados Unidos. Esta medida se incluyó como enmienda en una Proposición de Ley sobre cribado neonatal del SNS y aún debe ser aprobada por el Senado para entrar en vigor.